Por la ley que regula los decretos, sancionada bajo el gobierno de Néstor Kirchner, en la práctica es más fácil mantener la validez de un decreto que sancionar una ley. El DNU, para perder vigencia, debe ser rechazado por ambas cámaras. Si una solo lo rechaza no es suficiente; si una lo rechaza y la otra nunca lo trata, tampoco. De modo que el mega DNU de Milei sigue vigente hasta que lo rechace Diputados o la Justicia defina su inconstitucionalidad.
El DNU fue rechazado en el Senado este jueves por los votos de Unión por la Patria (que supuso 33 de los 42 votos negativos), bloques provinciales ligados a gobernadores, el peronismo no kirchnerista y un sector de la UCR. Sí esto se replicará automáticamente en Diputados, el rechazo para el decreto estaría casi asegurado. Suerte para el Gobierno, el escenario es más complejo, aunque no le garantiza para nada un resultado positivo.
En la Cámara Baja, Unión por la Patria tiene 99 diputados propios, 30 menos que la mayoría, que sería 129. Según indicaban algunos de sus miembros, el bloque apostaba todo a que primero el Senado rechazara el decreto para luego, en el mejor de los casos sobre una “onda expansiva” política, presionar en Diputados: “Ni hablar, vamos a ir con todo para intentar armar una sesión”, aseguraba un miembro de la bancada del PJ-K, que se reuniría en principio el martes de la semana que viene.
Si eventualmente la sesión se concretara –pronosticarlo hoy es adelantarse demasiado-, y considerando que La Libertad Avanza y el PRO lo defenderán, el futuro del decreto dependerá en gran medida de lo que hagan la UCR, Hacemos Coalición Federal –que incluye a exmiembros de JxC, algunos ligados a gobernadores, el peronismo cordobés y el PJ no kirchnerista, la Coalición Cívica y el Partido Socialista- y los bloques que responden a fuerzas provinciales y sus mandatarios.
La discusión se traslada a la Cámara Baja, al mismo tiempo que el Ejecutivo envió un borrador a los gobernadores y a los jefes de los distintos bloques con la nueva Ley Ómnibus reducida, en plena negociación con los mandatarios provinciales por un nuevo pacto fiscal, enmarcado en el llamado al Pacto de Mayo, que convocó a firmar a todo el arco político nacional en un par de meses.
FUENTE: TN.