La Justicia ordenó 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes. Las denuncias contra los acusados fueron recibidas a través de la línea 134.
Las medidas judiciales establecidas involucran a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. En la causa que instruyó el fiscal Gerardo Pollicita los propios beneficiarios de planes sociales declararon ante sede judicial y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión para concurrir a las marchas.
De estas declaraciones y pruebas se pudo establecer que dirigentes de organizaciones sociales desplegaron un sistema de cobra de porcentajes del Potenciar Trabajo, además de extorsionar y amenazar a los beneficiarios con “quedarse sin su plan” en caso de no hacer los aportes.
“No van a retirar la mercadería porque no marchan”: las pruebas de la Justicia contra los dirigentes sociales
En el expediente hay diferentes pruebas. Una de estas ocurrió con una mujer identificada como Patricia Iramain, una delegada que en un chat informa quiénes son los que no van a poder pasar a retirar la mercadería ya que no fueron a las marchas.
Esta mujer integra el comedor Rivadavia I, coordinado por el Polo Obrero. En el caso están en la mira otros comedores más como La Carbonilla y Mariano Ferreyra, todos administrados por esta asociación.
Los cuestionados son el referente de ese comedor, Iván Ezequiel Candotti (DNI 39.467.810), que trabajaba en el lugar junto con Patricia Iramain (DNI 33.610.521), Brisa Paucara Choque (DNI 44.449.698), Ronald Vargas (DNI 94.084.123) y Elizabeth Galindo (DNI 93877840). Todos involucrados en el caso.
Otra de las pruebas que se puede encontrar en el expediente es que los beneficiarios tienen que justificar por qué no van a la marcha. En otro de los chats se puede ver cómo un hombre denominado Gustavo Vasquez solicita a quienes no fueron a la movilización de las organizaciones que entreguen un certificado médico que justifique su ausencia.
El caso 326418 descrito por Pollicita relata cómo una persona para ser beneficiaria del Potenciar Trabajo debió concurrir a varias marchas para luego sí ser inscripta en el Potenciar Trabajo. Recién allí pudo obtener la tarjeta del Banco Nación para percibir su haber mensual.
De la investigación se desprende que a los comedores se les debe pagar los primeros dos días de cada mes 2300 pesos por el alquiler del local. Quienes no paguen, no pueden retirar la comida de todo el mes. Al menos esa situación se comprobó en el comedor Rivadavia I, manejado por el Polo Obrero.
Allí se pueden ver las distintas categorías que hay: si un beneficiario asiste a las marchas asciende a la categoría de “esencial” y luego a un tercer escalón llamado “cuadrilla”. A medida que escala, percibe más beneficios.
FUENTE: TN.
