El 30 de diciembre de 2020 se sancionó en Argentina la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio. La ley establece una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo, sin tener que compartir motivos, hasta la semana 14 ─inclusive─ del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).
La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) es responsable de la implementación efectiva de la ley, en conjunto con las direcciones y programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones. Con ese fin, las estrategias en estos primeros doce meses giraron alrededor de fortalecer la capacidad de resolución sanitaria, remover barreras, capacitar al personal de salud y proveer de insumos.
Entre los datos del Proyecto Mirar ─realizado por el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health con el objetivo de monitorear la aplicación de la 27.610─ se destaca que 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud del sector público durante el primer semestre de 2021. En ese período, 6.517 personas contactaron a la organización Socorristas en Red para solicitar información. De ellas, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.
Según el monitoreo además desde la sanción de la ley se iniciaron 36 acciones judiciales en su contra bajo el alegato de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas. En cambio, siguieron su curso procesos a favor de garantizar la IVE/ILE y exigir la rendición de cuentas contra profesionales que obstaculizaron el acceso al aborto legal o violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que interrumpieron su embarazo.
Una de las marcas más contundentes que surge del Proyecto Mirar son las desigualdades entre territorios. A modo de ejemplo, las cifras de mortalidad materna en Formosa, Tucumán, Salta y Chaco superan ampliamente el promedio nacional, y la tasa del aborto ─que mide la cantidad de abortos por 1.000 mujeres y personas en edad fértil─ muestra otra brecha: mientras en la ciudad de Buenos Aires es de 5.6 y en Tierra del Fuego de 4.3, en Chaco (0.9) y en Formosa (0.6) esa tasa es sensiblemente menor.
FUENTE: “INFOBAE”.
Radio Bella Vista
