El Secretario General del gremio APINTA, Mario Romero, que representa a los trabajadores del INTA, alertó sobre un ajuste profundo en la institución y un cambio de estructura impulsado por el gobierno, poniendo en riesgo su autonomía y presencia territorial.
“Desde noviembre del año pasado venimos hablando sobre el ajuste que implementaba el gobierno”, explicó el dirigente. El gobierno lanzó un retiro voluntario que se tradujo en la salida de 300 trabajadores. En el último año y medio, más de 750 personas dejaron la planta en todo el país, y según apuntó el gremialista, la situación se acentuó recientemente.
El reclamo principal es por la reforma del Consejo Directivo: pasar de un esquema de mayoría técnica y representativa a otro con cuatro miembros designados por el Ejecutivo y cuatro por asociaciones gremiales. Esto implicaría la pérdida de la autarquía institucional, ya que el INTA necesita agilidad para manejar presupuesto y personal, y no puede depender de la burocracia del gobierno central.
En Corrientes, los trabajadores de las experimentales reunidos con el Consejo Regional denunciaron “un ajuste que dejará al organismo sin presencia territorial”, con 1.500 empleados en disponibilidad y la posible venta de activos de las Estaciones Experimentales.
Ante esto, productores, ingenieros agrónomos, universidades y varios funcionarios salieron a respaldar al INTA, subrayando su papel estratégico e indispensable. Además, la Mesa de Enlace pidió al gobierno que frene estas medidas por el riesgo institucional que implican.
Se planifica reducir 1.500 trabajadores —entre becarios, extensionistas e investigadores— de una planta de unos 6.200 . El decreto habilitaría ajustar y vender campos experimentales, además de fusionar o cerrar agencias regionales. El Consejo Directivo ya aprobó una reforma interna que crea una Secretaría de Coordinación y concentra funciones, limitando facultades de la dirección nacional del INTA.
Sindicalistas de APINTA, junto a productores, universidades, ingenieros y legisladores, lanzaron una campaña federal para rechazar la medida y pedir respaldo político. En Balcarce, representantes comenzaron reuniones con intendentes y legisladores para visibilizar el riesgo institucional.
Además, la Mesa de Enlace manifestó preocupación por la reducción de consejeros y el férreo control financiero desde Economía.