La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados dictaminó por unanimidad a favor de un proyecto de ley del diputado de Juntos por el Cambio por Córdoba y ex árbitro de fútbol Héctor Baldassi, que propone modificar la Ley del Deporte para que las asociaciones civiles deportivas y los clubes de barrio y pueblo estén obligadas a dictar protocolos institucionales para prevenir e intervenir ante situaciones de violencia de género o discriminación.
Baldassi dijo que el proyecto “busca generar una herramienta para ayudar a prevenir la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo en las asociaciones deportivas”. En 2020 había presentado uno similar, inspirado en los protocolos que, sin que ninguna ley lo exigiera, ya habían comenzado a aprobar algunos clubes como San Lorenzo, Vélez, Rosario Central, Newell’s y Huracán. Aquella propuesta se aprobó por unanimidad el 20 de noviembre de ese año, en plena pandemia, en una reunión conjunta de las comisiones de Deportes y de Mujeres y Diversidad.
Para juntar los porotos se hizo una modificación importante, acordada de manera transversal entre todas las fuerzas políticas. El proyecto original establecía la activación del protocolo cuando el Poder Judicial determinaba que había un caso de violencia. La idea era resguardar el principio constitucional de inocencia. Pero en la discusión parlamentaria el Frente de Todos advirtió, con razón, que la intervención disciplinaria de los clubes no requiere estándares judiciales, pues no se trata de un proceso penal ni mucho menos. Así se llegó a una propuesta de ley en la que basta con que exista un acto de violencia y/o discriminación.
Lamentablemente, entre la pandemia y los órdenes de prioridades de la política, el proyecto nunca pasó el filtro necesario para llegar al recinto de la Cámara y, como no llegó a aprobarse ese año ni en 2021, caducó. Pero este año se volvió a presentar, esta vez con las modificaciones ya incorporadas. En agosto obtuvo dictamen de la Comisión de Deportes a cargo de Baldassi, y ahora hizo lo mismo la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada Mónica Macha (Frente de Todos). En todos los casos, tanto en 2020 como ahora, se aprobó por unanimidad.
El autor del proyecto dice que buscó hacer una propuesta simple en forma deliberada para lograr los consensos necesarios. Su idea es que la reglamentación posterior del Poder Ejecutivo defina los detalles. Y pareciera que fue una gestión exitosa, pues en todas las instancias de discusión se aprobó por unanimidad. Sin embargo, los jefes de bloque (de quienes depende el acuerdo político para llevar el proyecto al recinto) lo han ignorado, al menos hasta ahora.
FUENTE: «INFOBAE».
