Concluyó el juicio por el derrumbe trágico del 22 de marzo de 2012, que le costó la vida a ocho obreros de la construcción y heridas graves a otros tres, dejando como dos condenas a tres años en suspenso para Walter Bruquetas y Marcelo Mayer, y la absolución del capataz de la obra siniestrada Carlos Valenzuela. El periodista Raúl Sotelo, habló en PRIMERA MAÑANA sobre el hecho y el seguimiento del juicio. «Son más de 10 años, hay que recordar que prácticamente fueron 9 años con muchos incidentes. Es bastante complejo explicar, pero hay que señalar un dato; a la hora de la acción civil, la mayoría hizo un acuerdo menos una: Rosa Urbina. Hubo dos querellas en la cual hubo una suma resarcitoria de alrededor de $1.349.000 y está apuntada al ingeniero y al capataz. Mayer había llegado a un acuerdo con los damnificados, no con Rosa Urbina. La otra querella, el Dr. Leiva, presentaron una suma resarcitoria de alrededor de $10 millones y hasta $60 millones. Esta causa llega a juicio por estrago culposo, tal cual lo dice la condena en el segundo párrafo», explicó.
El periodista declaró que las familias llegaron a un acuerdo económico, sin embargo, la madre de uno de los obreros no cedió ante la propuesta, inclusive manifestó que con la sentencia «Mataron nuevamente a los ocho obreros». «El doctor Leiva, que representa a la señora Urbina, solicitó 20 años de prisión porque consideraba que era un estrago doloso y ahí está la diferencia y ahí el máximo va hasta 20 años. La causa llega con una calificación y eso se debe respetar. Esta causa, inicié a investigarla en diciembre de 2021 donde fue la primera audiencia que se demoró. Como hubo acuerdos económicos, el tribunal llamó a cada familia, lo sentó y les preguntó si estaban de acuerdo a los convenios, ellos lo tuvieron que reconocer para homologar ese acuerdo», señaló.
Así mismo, sostuvo que hubo personas que no estuvieron dentro del juicio a pesar de haber estado involucradas. El mismo considera a modo personal, que la investigación no se realizó correctamente. «Cuando ocurrió este hecho fue homicidio simple con doble eventual. El titular del fideicomiso, estuvo detenido y para que se den una idea: la defensa de Marcelo Mayer, el Dr. Julio Leguizamón, culpó a él mismo. Acá hubo personas que no estuvieron imputados. El código de edificación de Corrientes dice que no se puede superar más de 7 pisos; ellos pagaban la multa para no derrumbar lo construido. Si no cumplen con los trabajaos comunitarios, pueden ir a detención. Acá hay personal que no hizo los deberes y ni siquiera fueron citados», resaltó Sotelo.
Por otro lado, dio a conocer que los trabajadores no estaban registrados como tal al momento de la tragedia. «Las querellas estuvieron a punto de llegar a la suspensión de un juicio prueba. En Corrientes se vienen realizando obras a través de fideicomisos, son formas de operar comercialmente. Se sabe quién está detrás del fideicomiso y este es una empresa, que estaba utilizando los servicios de Mayer. Tienen la mayor cantidad de edificios que uno puede ver en Corrientes. Esto es por la seguridad de todos, si no hay poder judicial que lo controle, lo vamos a seguir sufriendo. Todos los empleados no estaban registrados o sino el monto hubiera sido mayor; eran personas que eran movidas de un lugar a otro», indicó el periodista.
Cabe recordar que la tragedia ocurrió el 22 de marzo de 2012 en una obra ubicada en la calle San Martín 656 de la capital correntina. Al mediodía, alrededor de 10 obreros cargaban el hormigón de lo que sería el encofrado para el tanque de agua. Las columnas que sostenían la loza cedieron y se produjo el derrumbe; en ese momento, los trabajadores cayeron desde el séptimo piso a una casa lindante. Los cuerpos quedaron desparramados en el techo aplastados por escombros, algunos murieron en el acto y otros horas después en el Hospital Escuela.