Cada vez que se produce un fenómeno que daña a enormes sectores sociales, en cualquier democracia, se dispara un debate acerca de quién tiene la culpa: ¿es inevitable?, ¿se trata de algo generado desde afuera del Gobierno? ¿o la culpa la tiene el Gobierno? En una situación normal, es esperable que el oficialismo culpe a la oposición o a un hecho natural contra el cual el Gobierno no puede hacer nada, y que la oposición, en cambio, responsabilice al Gobierno. Ayer ocurrió un hecho exactamente inverso. El sector más poderoso del Gobierno culpó por la inflación al propio Gobierno. Durante el acto que se realizó en Avellaneda, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que la inflación se debe, básicamente, a la incapacidad, inoperancia o cobardía de los funcionarios que no se animan a controlar los precios de las empresas más grandes o a negarle dólares a los principales importadores o a vigilar ganancias, fuga de dólares y evasión de impuestos.
Entre los que aplaudían estaban muchos oficialistas. En ese sentido, el acto de ayer fue una expresión cabal de los códigos que regulan las relaciones entre los miembros de la alianza oficialista. Por mencionar solo a algunos de los presentes que aplaudían cuando la Vicepresidenta ensuciaba a sus compañeros o celebraba cada uno de sus chistes: el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi –perteneciente al gabinete nacional—, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los jefes de la CGT, Pablo Moyano, la titular del Inadi, Victoria Donda, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y el titular del gremio bancario, Sergio Palazzo.
n el final de discurso, Fernández de Kirchner realizó una arenga encendida hacia la manera en que se administran los planes sociales. En ese contexto, debio aclarar que sus planteos no tienen nada que ver con los de la derecha tradicional en contra de los “planeros”. “Deberíamos tener menos planes sociales. Y no soy de los que andan diciendo que hay que contar la plata que se les da a los pobres…El Estado nacional debe recuperar el control la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas… Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, el Estado debe transparentar frente a la opinión publica todo eso. Porque no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me de el alta y la baja. Y sobre todo las mujeres que son las mas explotadas. Son las más basureadas en prácticas misóginas. Son las que revuelven las ollas en los merenderos. Las que van a laburar son siempre las mujeres. Entonces, que el Estado recupere en nombre de Perón y Evita, si Evita los viera, mamita, mamita…”.
Cualquiera que conozca la interna oficial, identificará sencillamente que la ex presidenta apuntaba contra el Movimiento Evita, una de las organizaciones sociales que se distanció progresivamente del cristinismo a partir de que ella privilegió a La Cámpora. En primera fila del acto, aplaudía la intendenta camporista de Quilmes, Mayra Mendoza, investigada por presuntos desvíos de dinero destinado a la ayuda social hacia cooperativas manejadas por socios de miembros de su Gabinete. Así las cosas: a los nombres de Guzmán, Pesce y Marcó del Pont, se debería sumar los de Emilio Pérsico y el Fernando “Chino” Navarro, dos de los líderes del “Evita”, que forman para del Gobierno. Las acusaciones contra el movimiento Evita presagia un conflicto virulento en tiempos muy tormentosos.
FUENTE: «INFOBAE».