En la madrugada del 30 de abril se aprobó en la legislatura chaqueña un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos que habilita al desmonte de un millón de hectáreas. La Cámara de Diputados de la provincia de Chaco sancionó la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley Nro 4005R. Así, áreas que antes estaban marcadas por la Ley de Bosques como “amarillas” (se pueden hacer actividades productivas sostenibles pero no desmontar) o “rojas” (no se pueden tocar) pasaron a pintarse de verde, habilitando la deforestación.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) denunció en la justicia federal de Chaco a funcionarios, exfuncionarios y empresarios por armar un mecanismo de desmonte sistemático de bosque nativo, con un fuerte daño al ambiente. Enrique Viale, abogado ambientalista, habló en LA MAÑANA DE LA RADIO sobre la investigación. «El mundo está viviendo una crisis muy grande con consecuencias climáticas. El cambio climático se potencia con políticas de destrucción con ecosistemas que nos sirven para poder adaptarnos. Nosotros investigamos mucho tiempo donde destapamos y denunciamos a la justicia federal toda una maquinaria muy aceitada para enriquecerse a costa del monte chaqueño y tiene como protagonista al Ministro chaqueño; tenía clientes a quienes él ahora beneficia», declaró.
«Chaco es el lugar con mayor deforestación de Argentina y del planeta. Podríamos hablar de Corrientes con la industria forestal y es toda una situación que termina con muchos enquistados en el poder. Nosotros lo que hicimos fue llevar a la justicia federal; eso fue hace dos días. Dentro de la denuncia hay legisladores que son dueños y tienen intereses concretos y votan leyes que habilitan el desguace. Son cosas realmente escandalosas y eso no lo podemos normalizar. Ya hay consecuencias concretas. En Resistencia y Corrientes, las temperaturas son invivibles y todo tiene que ver con el cambio climático», resaltó.
Lo que denuncia AAdeAA es que esta aprobación del nuevo ordenamiento territorial no es más que otro engranaje en un sistema que se viene conformando desde hace años, en donde funcionarios otorgan permisos de explotación siempre a las mismas empresas de las que, en algunos casos, son parte. Y que diputados que votaron a favor del desmonte son también dueños de compañías forestales.
«Estamos cerca del mínimo de un horno y se va tornando invivible. Dentro de los delitos están dádivas, abuso de la autoridad y tiene un capítulo sobre trata de personas. Es decir, había trabajadores viviendo en condiciones deplorables así como en el siglo XIX. Nosotros hicimos una denuncia muy seria con muchos capítulos de investigación. Hay un análisis exhaustivo y espero que esto avance para dar fin a la mafia de la deforestación», señaló Viale.