De un lado quedó la Ciudad, que no se reduce a Horacio Rodríguez Larreta ni al PRO: los fondos que en 2020 le sacó Alberto Fernández y que la Corte ordenó devolver, no son del jefe de Gobierno, sino de los porteños y la Ciudad. Del otro, quedaron los mandatarios de 14 provincias (distritos que siempre litigan ante la Corte) y el Presidente, quienes decidieron tirar a la basura la Constitución.
En todos los países democráticos se acepta que la Corte Suprema tenga la última palabra y sus fallos hay que cumplirlos. Obviamente, la Corte puede equivocarse -aunque no se haya equivocado en este fallo, bien podría haber ocurrido-. Pero esa es una regla central del Estado de Derecho: si la Constitución Nacional es suprema, alguien tiene que tener la última palabra y decir qué es válido y qué no lo es.
Cuando el Presidente desconoce un fallo, esté desconociendo la Constitución y asumiendo el poder supremo. Hoy, la Argentina se acercó al precipicio institucional de Venezuela y Nicaragua, donde la única autoridad es el Presidente.
Y le mostró al mundo que ninguna regla tiene valor. ¿Por qué motivo un argentino querría blanquear su dinero si el Presidente puede hacer lo que se le antoje y nadie puede ponerle un límite? ¿Por qué una empresa arriesgaría millones de dólares en una inversión en un país donde el mandamás de turno podría decir “exprópiese”, como decía hace unos años Hugo Chávez?
Ahora, Juntos por el Cambio puede denunciar a Alberto por muchos delitos penales. Pero el daño institucional producido por Alberto de desobedecer el Estado de Derecho puede recibir el peso de cualquier sanción penal.
FUENTE: TN.