La reciente resolución del Gobierno nacional que eliminó ítems de facturación por consultas generó un fuerte malestar entre los médicos de cabecera del PAMI, quienes llevaron adelante una medida de fuerza de 72 horas en distintos puntos del país en rechazo a la nueva modalidad de pago.
Los profesionales sostienen que el nuevo esquema fija un valor aproximado de 2.100 pesos mensuales por paciente, cifra que consideran insuficiente para sostener la atención médica integral de miles de jubilados que dependen del sistema para acceder a recetas, órdenes de estudios y seguimiento clínico.
En diálogo con Punto de Vista, el médico Jorge Levin cuestionó la decisión y remarcó la magnitud del presupuesto que maneja la obra social. “El PAMI tiene uno de los presupuestos más grandes del país y es la obra social con mayor financiamiento de Latinoamérica”, señaló al referirse a la situación actual del organismo.
Levin explicó que la preocupación del sector no se limita únicamente a la reducción de honorarios, sino también al impacto que la medida podría tener en la calidad del servicio. Según detalló, un médico de cabecera pasaría a percibir cerca de 2.000 pesos por afiliado por mes, con un adicional mínimo para visitas domiciliarias, una situación que, a su entender, vuelve “insostenible” la continuidad del sistema tal como funciona hoy.
El profesional además vinculó esta situación con otras dificultades que atraviesa el sistema sanitario público, como la reducción de prestaciones en hospitales por el incremento del costo de los insumos, y advirtió que podría producirse un traspaso progresivo de responsabilidades hacia las provincias.
Otro de los puntos señalados por Levin fue la pérdida de beneficios que anteriormente tenían los afiliados. Recordó que en otros años muchos jubilados accedían a medicamentos con cobertura total, mientras que actualmente deben enfrentar mayores restricciones para obtener tratamientos esenciales.
Desde el sector médico advierten que, si no se revisa la medida, podría agravarse la falta de profesionales dispuestos a continuar como prestadores de cabecera del PAMI, poniendo en riesgo un servicio considerado fundamental para la población adulta mayor en todo el país.