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Los femicidios en la Argentina son una verdadera emergencia. El año pasado hubo uno cada 29 horas. Y, como vimos en la enumeración con la que arranca esta nota, las armas de fuego son uno de los principales instrumentos con los que se cometen. De hecho, en 1 de cada 4 casos el crimen es ejecutado con un arma de fuego. Los datos, ya escalofriantes, asustan mucho más si pensamos en manos de quiénes están las 1.600.000 armas que hay en el país: el 99 % de los usuarios registrados en el país son varones.

El problema es compartido en muchas partes del mundo. Por eso, varios países coinciden en una pregunta que desencadena distintas respuestas y varias soluciones posibles: ¿qué puede hacer el Estado para desarmar a los varones violentos?

“Puede intervenir en tres dimensiones: restringir el acceso a las armas, limitar y controlar sus usos e intervenir en casos de denuncia de violencia de género”, enumera Aldana Romano, licenciada en Ciencia Política y activista de la Red Argentina para el Desarme.

Desde hace varios años que Romano analiza el modo en que las armas convierten a la violencia doméstica en letal. En el último trabajo, titulado Cuando el macho dispara y hecho junto a un equipo de investigadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), reúne políticas públicas de varios países que encontraron respuestas para minimizar ese riesgo.

“Hay algunas iniciativas muy interesantes, especialmente en Australia. Y también existen acciones muy acertadas en Canadá y Nueva Zelanda”, enumera Romano.

n Canadá, la solicitud debe incluir los datos de la pareja actual o de los últimos dos años. A esas personas se las notifica antes de otorgarles la licencia y se les da una línea telefónica gratuita para que llamen en caso de que tengan una objeción o miedo por su seguridad.

“En Nueva Zelanda la solicitud debe incluir los datos del cónyuge o de otra persona que la haya conocido en los últimos 20 años. Y la Policía debe entrevistar a dos personas (una debe ser el cónyuge, si lo tiene) para obtener información para determinar si la solicitud debe ser aceptada”, describe Romano, que hoy es la directora ejecutiva de INECIP y colabora con la Red Internacional de Acción Contra las Armas Ligeras, movimiento mundial contra la violencia armada conformado por 250 organizaciones de la sociedad civil de 90 países.

Pero el caso “modelo” que menciona Romano es el de Australia, porque trabaja sobre tres dimensiones del problema: les niega la posibilidad de tener armas a las personas que hayan tenido una orden de restricción por violencia doméstica en los últimos 5 años. Además, ordena condiciones seguras para guardar el arma y pacta inspecciones para verificarlo. Y establece la suspensión de la licencia. Por ejemplo, eso disponen en el estado de Nueva Gales del Sur, si hay “causas razonables” para creer que la persona cometió o amenazó con cometer violencia doméstica y personal, incluso aún cuando no haya habido condena.

La regulación más restrictiva en este sentido la tiene el estado norteamericano de New Hampshire, donde la Policía está obligada a secuestrar el arma si existen causas probables para creer que un portador ha ejercido violencia de género. “Se ha demostrado que si la ley obliga a secuestrar el arma en un entorno donde se ha denunciado violencia de género, disminuyen los femicidios”, concluyen en el INECIP.

FUENTE: “INFOBAE”.

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