Los nuevos casos confirmados de COVID-19 desde febrero 2021 hasta hoy reflejaron un estancamiento en los contagios, y este dato que en otro contexto hubiera podido interpretarse como algo auspicioso, se convirtió en una mala noticia. Sobre todo cuando se apalanca en el “efecto pinza” que a la gestión local de la pandemia le imprime el ritmo lento del proceso de vacunación y la escasez de dosis disponibles para achatar la curva de casos y apuntar a bajar la mortalidad, como principal estrategia sanitaria.
El escenario pandémico en suelo argentino se complejiza con el acecho de los riesgos del cambio de estacionalidad -la llegada del otoño- inverno- y la eventual segunda ola de contagios por coronavirus propulsada por la propia transmisibilidad local y las nuevas cepas o variantes. Especialmente la variante P1 del SARS-COV- 2 , proveniente de Manaos, Brasil, que ya perforó las fronteras argentinas y llegó con casos a las provincias de Córdoba y Tucumán.
Lo peor es la falta de “piso de inmunidad”, es decir, el hecho de no lograr las cifras mínimas de vacunación en los cuatro grupos más esenciales y vulnerables que deben recibir la vacuna, que son el personal de la salud, las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo o enfermedades asociadas, las personas de 60 o más años y el llamado personal estratégico. No avanzar con la vacunación sostenida de estos grupos en las 24 jurisdicciones del país genera que no se pueda detener la mortalidad, ni tampoco la transmisibilidad exponencial del virus (los contagios que provocan la enfermedad COVID-19 y eventualmente pueden llevar a la muerte).
Los expertos ya advierten el riesgo de que los enfermos sean muchos más por la segunda ola durante el otoño y el invierno venideros, y porque sólo el 12% de las personas mayores de 60 -que pueden sufrir más complicaciones y muerte- se han podido vacunar ya que el Plan Nacional de Inmunización que empezó en diciembre avanza lento.
FUENTE: «INFOBAE».
